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El Ayuntamiento traslada al Gobierno y a la Junta la decisión sobre la Mezquita

23 de Septiembre de 2018
Diario Córdoba

Justo una semana después de que la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, hiciera público el informe de la comisión de expertos sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral, Alcaldía emitió un comunicado informando de que dicho informe ha sido remitido al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, trasladando así a instancias más elevadas la decisión de qué hacer al respecto. El Ayuntamiento de Córdoba argumenta que da este paso porque los expertos concluyen en su informe que el edificio «es un bien de dominio público que pertenece al patrimonio del Estado» y, puesto que recomiendan revertir la situación de la inmatriculación para que la titularidad quede como estaba antes del 2006, deben ser los Ministerios de Justicia y Cultura, así como la Consejería de Cultura de la Junta quien actúe. En opinión de la alcaldesa, «las competencias a la hora de reclamar la titularidad pública corresponden a la Administración general del Estado mientras que las de la conservación y preservación del patrimonio corresponden a la administración autonómica». También recuerda que el Consistorio «en ningún momento ha pretendido arrogarse la titularidad del monumento y sí la restitución de la misma al pueblo de Córdoba, tal y como era hasta el 2006 cuando que se produjo la inmatriculación por parte de la Iglesia». También insiste Ambrosio en «la gestión compartida del monumento», tal y como recomiendan los expertos «algo que sería lógico para un bien declarado Patrimonio Mundial por la Unesco», concluye.
Este periódico ha consultado su opinión sobre el informe a la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, que indicó que «hay que estudiar el informe a fondo» porque «no se trata de un tema para despachar a la ligera». Cabe recordar que una de las personas que inicialmente integró la comisión de expertos, la catedrática de Derecho Constitucional Carmen Calvo, ocupa actualmente el cargo de vicepresidenta del Gobierno, si bien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el dictamen. Tampoco lo ha hecho la Consejería de Cultura de la Junta, que ayer declinó valorar el informe, a la espera de recibirlo oficialmente.
MANIFIESTO // El anuncio de la alcaldesa llegó horas después de que un grupo de 43 historiadores de toda España hicieron público un comunicado denunciando «la utilización de la historia por la comisión municipal de Córdoba sobre la Mezquita-Catedral de esa ciudad», criticando «su falta de rigor». En dicho documento, en que aseguran «no querer entrar de ningún modo en la polémica acerca de la modalidad más adecuada de gestión de lo que incontrovertiblemente ha sido un templo católico durante los últimos 800 años sin contradicción de ningún poder público», muestran «su desacuerdo con los argumentos de carácter histórico que aportan los expertos y denuncian «la utilización que el informe pretende hacer de la Historia. En concreto, dicen no poder permitir «que se afirme que el edificio no ha pertenecido o que ha dejado de pertenecer en algún momento a la Iglesia y al Cabildo desde la conquista de la ciudad por Fernando III en 1236» y aseguran que hay «conocimientos admitidos por la comunidad científica para asegurar que en ese solar estuvo, antes de la mezquita aljama, la sede catedralicia de la diócesis de Córdoba bajo la advocación de San Vicente».
En el último párrafo, dicen que «es imposible exponer los innumerables estudios y documentos que apoyan ambos convencimientos» aunque están dispuestos «a ponerlos de manifiesto cuando y donde se considere necesario». El manifiesto concluye afirmando que «la Historia no puede ser utilizada para ofrecer cobertura a disputas ideológicas o de intereses» por el daño que estas irresponsables maniobras provocan a nuestra disciplina, confundiendo a la opinión pública». Entre los firmantes --académicos de Historia, catedráticos de Universidad, profesores titulares de la misma e investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-- figuran tres profesores de la Universidad de Córdoba: José Ramírez del Río, Emilio Cabrera Muñoz y Margarita Cabrera Sánchez, así como la también cordobesa Gloria Lora, de la Universidad de Sevilla.
Por su parte, los dos historiadores que han trabajado en la elaboración del informe, Juan B. Carpio y Alejandro García Sanjuan, defienden el rigor de su trabajo y coinciden en que «no se puede debatir sobre un asunto como este sin aportar ni una sola referencia o argumento histórico verificable, negando la realidad porque sí». Y que «si hay innumerables estudios y documentos, al menos sería lógico esperar que hubieran citado algunos». Ambos mantienen las tesis expuestas en su informe, «que están documentadas una por una a través de publicaciones de la época». En cuanto a la Mezquita-Catedral, Carpio recuerda que si bien el informe «indica que efectivamente ha sido Catedral desde su consagración, no existe ni un solo documento que demuestre que fue donada o cedida por el Rey sino que los indicios históricos muestran todo lo contrario». Ambos consideran «poco serio» que el deán de la Catedral diga ahora que tiene papeles, pero que no los quiere enseñar. García Sanjuan cree «los firmantes del manifiesto son quienes están usando la historia para disputas ideológicas» y que dicho manifiesto «hace afirmaciones sin fundamento únicamente para intentar defender a toda costa los intereses de la Iglesia», algo que achaca «a uno de los promotores de la iniciativa y firmante del documento, el historiador Salvador Sánchez Saus, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y candidato al parlamento andaluz de Vox Sevilla en 2015».

Catedral Cordoba

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