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La Mezquita, al juzgado

16 de Septiembre de 2018
Diario ABC

A estas alturas, lo mejor que puede pasar en este infumable culebrón de la Mezquita-Catedral de Córdoba es que termine ante el juez. Que la charanga que lleva cinco años haciendo ruido acredite a su señoría la propiedad que reclama y no pase la carga de la prueba a quien acusa de ladrón. Que empecemos a retratarnos de verdad. Que todas las certezas históricas (?) expuestas en este informe panfletario conocido ayer, sean documentadas y probadas ante un togado y salgan así del terreno de la conjetura, la insinuación, la deducción infundada, la simplicidad sin rigor, el sectarismo y el relato de parte o la posverdad política que un señor condecorado tres veces por Franco (Mayor Zaragoza) y una señora que refería en su currículum un magisterio del que carece (Ambrosio) nos presentaron ayer en la Casa Capitular de Córdoba, la de todos los cordobeses, para mayor escarnio. Si quieren un ejemplo de lo que será la Comisión de la Verdad anunciada por el gobierno del doctor Sánchez, lean detenidamente los escasos veinte folios que la supuesta comisión de expertos ha redactado para alegar que el Cabildo Catedral nunca fue dueño de la Mezquita-Catedral. O que Fernando III tiraba a laicista, que lo único que los canónigos han hecho en ocho siglos ha sido dar misas y quedarse con todo, que el concejo (antes) y ahora Ayuntamiento ha tenido siempre una honda preocupación por este monumento... como los cordobeses, que nunca existió la basílica de San Vicente como peldaño histórico anterior; que el primer Estado en ser dueño y señor fue el Omeya y siendo indulgentes la Corona de Castilla después —no estaría de más que un fondo catarí tomara cartas en el asunto—. Que desde 1236 hasta 1975 todo el mundo sabía que era pública y del Estado (?), o que el recinto tiene «graves carencias» como hace 90 años... Un relato histórico para una editorial del partido, una tesis doctoral para que el Gobierno bonito y plagiador siga con el circo y un argumentario jurídico que tergiversa y omite realidades y principios. Diríase que hasta resultaría ofensivo para todo lego en la materia, que puede que no aguantara su lectura hasta el último folio. Un informe sobre la titularidad de un bien sin ningún jurista entre los firmantes. Un informe sobre patrimonio sin ningún arquitecto bajo rúbrica...
Es una tremenda irresponsabilidad armar esta pantomima después de que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba descartase en un informe contundente cualquier tipo de acción para reclamar una propiedad que deja bien claro a quien pertenece. ¿Actúa la alcaldesa en contra del criterio de su propio gabinete jurídico...? Es una tremenda irresponsabilidad acometer esta comedia con varios informes técnicos del propio Estado que apuntan en el mismo sentido, que consideran legal la inmatriculación que ahora se insta a que se lleve al Tribunal Constitucional, pese a que la norma cuestionada fue reformada en 2014.
Es una supina irresponsabilidad seguir con este espectáculo después de que ni la propia Junta de Andalucía —a la que, por cierto, y como a los arquitectos conservadores, los expertos dejan a los pies de los caballos como tutelantes— haya sido capaz de mostrarnos en años un solo folio de estudio jurídico donde arrope este argumentario. Es una alta irresponsabilidad omitir el largo listado de documentos públicos, algunos hasta con rango de norma, donde consta como propietaria la Iglesia Católica; eludir un rosario de opiniones de verdaderos expertos en la materia que declinan esta pompa fatua y hasta esconder de manera grosera el sostén del bien por el Cabildo Catedralicio...
Humo para el humo que todo lo envuelve.

Catedral Cordoba

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