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El Gobierno da un giro y hará púbica la lista de inmatriculaciones de la Iglesia

25 de Julio de 2017
Diario Córdoba ImagenEl Gobierno de España ha decidido dar un giro a su negativa a investigar en torno a las inmatriculaciones y se ha decidido a elaborar un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia. Contra todo pronóstico, el Gobierno de Rajoy ha anunciado por vía parlamentaria, en respuesta a una pregunta escrita formulada por tres diputados socialistas, entre ellos el cordobés Antonio Hurtado, que el Ministerio de Justicia, de acuerdo con sus competencias, «está impulsando las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la proposición no de ley aprobada por la comisión de justicia en su sesión del 4 de abril del 2017, relativa a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia, en lo relativo a la elaboración de un estudio en el que se recojan todos los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica». En estos términos se expresa el Gobierno en una respuesta que ha pillado por sorpresa incluso a los que reclamaban información al respecto, acostumbrados ya a recibir solo evasivas. Antonio Hurtado, que considera «impropio de un Estado aconfesional atribuir el poder que Aznar concedió a la Iglesia y la rapiña de una institución como esta», valoró ayer muy positivamente el nuevo planteamiento. «Hasta ahora, el Gobierno se había limitado a decir que no y que quien quisiera averiguar algo recurriera a los registradores de la propiedad, de ahí que ayuntamientos como el de Córdoba o Zaragoza hayan actuado por su cuenta». Lo sorprendente, señala, «es que atendiendo a una proposición no de ley (PNL), que a menudo quedan olvidadas en los cajones del Ministerio, anuncie que está llevando a cabo ese estudio de bienes» al que la comisión de justicia, con el voto en contra del PP y Ciudadanos, puso de plazo seis meses. De esta forma, el PSOE confía en que en octubre se haga pública la información, que, según el diputado socialista, «nos va a deparar muchas sorpresas por la cantidad de bienes inmatriculados, sobre todo en ciudades como Córdoba, donde parece que los registradores han sido especialmente tolerantes con la Iglesia y el obispo especialmente ávido en registrar propiedades por esta vía». Cuando se conozcan los bienes y se determine los que son de dominio público, serán las administraciones públicas quienes deban recurrir los asientos realizados en los Registros para reclamar la propiedad. La respuesta del Gobierno aclara que «sí son inmatriculables bienes de dominio público, si bien no hay que confundir bienes de dominio público con bienes de la Iglesia Católica». Asimismo, señala que «el Gobierno no puede actuar porque los asientos del Registro de la Propiedad están bajo salvaguarda de los tribunales», pero «sí pueden ser impugnados judicialmente»
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