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De nuevo con las inmatriculaciones de la iglesia

01 de Noviembre de 2015

El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha desestimado los recursos de reforma en contra del archivo de las denuncias presentadas por las inmatriculaciones de la Diócesis de Córdoba sobre diferentes monumentos, tras resolver que los hechos denunciados "carecen manifiestamente de contenido penal': dado que la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la Diócesis está "amparada" por la Ley Hipotecaria.
En concreto, el juez decretó el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias contra la Diócesis y el Ayuntamiento, tras la primera denuncia del entonces edil de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento Carlos Baquerín y las posteriores del excoordinador general de IU y exalcalde de Córdoba con el PCE, Julio Anguita, los también exalcaldes de la capital Herminio Trigo, Manuel Pérez y Andrés Ocaña, de Izquierda Unida, en representación de 206 ciudadanos, así como José Larios, quien fue candidato de EQUO a la Presidencia de la Junta, y el representante de Andalucía Laica, Aureliano Sainz.
Según recoge el auto del juzgado, el primer motivo de impugnación por parte de Baquerín se refiere a "la insuficiencia de las diligencias practicadas" para averiguar los hechos denunciados, de manera que se pretenden declaraciones de autoridades o funcionarios que "pudieran estar implicados".
Al respecto, el magistrado rechaza dicha pretensión "por cuanto las declaraciones solicitadas necesitarían de un mínimo de apariencia delictiva que no se da en el presente caso',' a lo que añade que "resulta difícil determinar un engaño constitutivo de estafa o una apropiación indebida por parte de la Iglesia, ni mucho menos alegar una agravante de alevosía en una denuncia de esta naturaleza'.
Además, indica que "tampoco existe un informe pericial que acredite mínimamente una pretendida falsedad, ni se determina el documento pretendidamente al tiempo que resalta, de acuerdo con el fiscal, que "no se concretan, al menos en el recurso de Baquerín, delitos cometidos, imputaciones contra personas determinadas ni hechos que los motivan, sino que simplemente se solicita una amplia investigación por si pudiera resultar la comisión de algún delito': algo que "va contra la Ley de Enjuiciamiento Criminal'.

La vía administrativa
Sobre el recurso que encabeza Anguita, se basa en que "existen elementos suficientes para una calificación penal': sin embargo el juez no comparte dicho punto de vista, dado que "no se concretan los delitos tampoco en este caso que se han cometido, y únicamente se hace referencia en uno de los apartados del recurso al delito de prevaricación administrativa cometida por funcionario público'.

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