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La justicia avala el registro de la Mezquita y otros bienes por la iglesia

10 de Junio de 2015
Diario abc ImagenUn juez ha archivado la ucausa abierta contra el Obispado por las inmatriculaciones de bienes a raíz de las denuncias presentadas por el concejal en funciones de Unión Cordobesa (UCOR) Carlos Baquerín y los exalcaldes de Izquierda Unida Julio Anguita, Herminio Trigo y Manuel Pérez, entre otros. Un auto del Juzgado de Instrucción 6 defiende esta decisión sobre edificios de la Iglesia —el principal de ellos la Mezquita-Catedral— al resolver que los hechos denunciados carecen manifiestamente de contenido penal, dado que la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la Diócesis está amparada por la Ley Hipotecaria. El Ministerio Fiscal, en esta misma línea, ya había emitido hace dos semanas el informe solicitando el archivo de las diligencias por no ser los hechos constitutivos de infracción penal, tal y como adelantó ABC. La instrucción del caso concluye que «todas las inmatriculaciones se han realizado en cumplimiento estricto de la legalidad vigente y que han sido supervisadas por los registradores de la propiedad». El auto añade que «en ningún caso se puede suponer la comisión de delitos penales por parte de las autoridades, funcionarios o la Diócesis de Córdoba». En este sentido, el auto del juez señala que la Mezquita fue adquirida por la Diócesis mediante donación del rey Fernando III en el año 1236 y, desde entonces, ha sido poseída de manera pública pacífica y no interrumpida en concepto de dueño.
El Triunfo de San Rafael Asimismo, en relación con el Triunfo de San Rafael, según la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, no existe ningún documento que acredite o sirva para acreditar que el monumento perteneció en algún momento histórico al Ayuntamiento de Córdoba. Como se aclara en el auto, «el simple hecho de que se utilicen servicios públicos en su limpieza o adecentamiento no debe presuponer la titularidad de los bienes». Entre los razonamientos jurídicos del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba, que asumió el total de las denuncias sobre este asunto, figura que en la primera denuncia interpuesta por Baquerín «éste aludía a presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, usurpación con los agravantes de alevosía, abuso de superioridad, abuso de confianza y prevalencia del carácter público del culpable; falsificación de artículos y documentos privados, delitos contra la administración pública, de prevaricación administrativa, de omisión de deber de perseguir delito y de ocultación de documentos por autoridades públicas denuncias se unieron las de Aureliano Sáinz, y José Larios, que insistían en los mismo delitos y en las mismos inmuebles. En segundo lugar, el juez concluye que los hechos denunciados carecen «manifiestamente de contenido penal». Y ahonda en el hecho de que los antecedentes de esta resolución tienen como base fundamental la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la Diócesis de Córdoba por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, del artículo 4° de Reglamento Hipotecario, que permitió la inscripción por parte de la Iglesia de los templos destinados al cuanto. Además, el titular del juzgado sostiene que hay que partir de la base de que en el ordenamiento jurídico la inscripción de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad no tiene un carácter meramente constitutivo, frente al denominado sistema australiano o del «Acta Torrens», sino que adopta un sistema intermedio en la vía de adquisición de la propiedad que es de título y modo. Es decir, que «la inscripción en el Registro de la Propiedad no supone necesariamente la titularidad real del inmueble sino, sino tan solo la forma en la que la mayoría de los casos y frente a terceros (sistema de inoponibilidad) que adquieren en virtud de la fe pública registral». En cuanto al Ayuntamiento, el juez señala que desde el año 2008 se ha procedido a la informatización del inventario municipal qúe antes figuraba en papel para proceder a su integración en la contabilidad del municipio en 2013. Para ello se dotó de personal suficiente a la Unidad de Patrimonio «y se procedió al inventario municipal de, por ejemplo, el Cristo de los Faroles». Además, el Consistorio, «al tener conocimiento por los medios de comunicación de las inmatriculaciones de distintos inmuebles por parte de la Iglesia, ordenó informes acerca de las certificaciones emitidas y su posible coincidencia con otros inmuebles de titularidad municipal, solicitando listados al Registro de la Propiedad, donde se advirtió la coincidencia de dos inmuebles: la Ermita de los Santos Mártires y dos parcelas del barrio de Santuario, por lo que encargaron a la asesoría jurídica la adopción de las medidas oportunas». De ahí, que según explica el juez en sus razonamientos, «no haya existido una actitud pasiva por parte del Ayuntamiento en defensa del patrimonio municipal». En resumen, el juzgado concluye que «todas las inmatriculaciones se han hecho en cumplimiento estricto de la legalidad vigente y que han sido supervisadas mediante la denominada función calificadora de los registradores de la propiedad, contra las cuales caben interponer recursos correspondientes tanto vía administrativa como judicial.

Satisfacción del Cabildo
El Cabildo de la Catedral de Córdoba se congratuló ayer del auto del juez de Instrucción número 6 de Córdoba. En un comunicado remitido a este periódico, el Cabildo incide en que la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba se realizó «en cumplimiento estricto de la legalidad vigente y ha sido supervisada por los registradores de la propiedad». Y añade que la decisión «da la razón a los argumentos que el Cabildo viene defendiendo desde hace más de un año y corrobora que el titular del templo es la Iglesia desde hace ya casi 8 siglos mediante donación del Rey Fernando III en el año 1236 y desde entonces ha sido poseída de manera pública y pacífica y no interrumpida en concepto de dueño». Por todo ello, el Cabildo confía en que, tras esta decisión de la Justicia, «se ponga fin a la polémica sobre la titularidad de la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita». Por su parte, el edil en funciones Carlos Baquerín declaró que una vez que estudie la resolución judicial tiene «intención de recurrir», puesto que no está de acuerdo en que se archive y considera que «hay causa para que siga la instrucción». La plataforma laica que impulsa la titularidad pública del templo cuestionó también el auto del juez en una nota.
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